A cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social y democrática, por no hablar de cierto grado de empatía o de un ligero sentido del ridículo, le habrá inquietado seriamente el acuerdo de gobierno al que ha llegado en Andalucía la derecha extrema del PP –por fin le han saltado las costuras- con la extrema derecha de VOX. Si este individuo circunspecto se dedica además a la docencia, debe tener ahora mismo los pelos como escarpias. Esta ciudadana o ciudadano pensará que si antes de la firma de este documento ya notaba en el cogote el pestilente aliento sociológico de los ultras -impúdicos, procaces, descarados, iracundos-, no se quiere imaginar qué pasará a partir de este pacto que, por obra y gracia de Juanma Moreno ‘el moderado’, ha incrustado a VOX en el gobierno de Andalucía para hacerse cargo, con rango de Vicepresidencia, de la Consejería de Turismo, Desregulación –¡ojo con eso de la Desregulación!-, Justicia y Administración Local, al frente de la cual han colocado al supuesto líder de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira. Sin duda se trata de un nombramiento desasosegante. Sin embargo, el pelo se eriza un poco más si cabe con su viceconsejero, Rafael Sánchez Saus, un personaje con pasado falangista, alérgico al estado de las autonomías -¡qué oxímoron!- y con un presente activo en la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), esa congregación fundada por Ángel Herrera Oria de la que depende, por ejemplo, el periódico El Debate o la Fundación San Pablo Andalucía CEU, a la que pertenecen los Centros CEU en el sur de España, cuya sede principal se encuentra en el Campus Universitario CEU Andalucía en Bormujos (Sevilla). Con este perfil en puestos de poder importantes, no es de extrañar que uno se pueda temer lo peor.
Centrémonos, no obstante, en el documento origen de esta legislatura andaluza y motivo de zozobra para cualquier persona de bien. De su lectura completa, sin entrar aún en materia educativa, saco una contradictoria impresión general: de acuerdo con la política económica de recortes de ingresos públicos explícita en el acuerdo entre PP y VOX, me pregunto de dónde va a sacar el gobierno andaluz capital suficiente para sufragar los gastos de muchos de los servicios públicos que se supone que implementará. En este sentido y metiéndonos ya en la arena educativa, no sé cómo, según el punto 70 del acuerdo, van a contratar a 1500 profesionales para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE en la jerga docente). A lo mejor lo piensan sustraer de lo que se ahorrarán por la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí –punto 64-, porque, atendiendo a la literalidad del acuerdo, los partidos del gobierno andaluz comparten su “rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”. El tufazo xenófobo resulta insoportable y, por supuesto, es más que evidente en la redacción de este punto 64 una ausencia clamorosa de ‘adoctrinamiento’. En cualquier caso, aparte de que económicamente hablando no daría –ni con esta supresión ni con los recortes impositivos del acuerdo-, huelga decir que no es suficiente el número previsto de profesionales para la atención digna de nuestro alumnado NEAE. ¿De verdad creían que iba a colar? No sé si se trata de un brindis al sol, de ignorancia, de demagogia o simplemente de cinismo. No sé por qué decantarme, porque con las derechas uno no deja de temerse lo peor.
Siguiendo con el asunto de los dineros públicos, leamos la medida 72: “Concertación progresiva del Bachillerato en Andalucía: Se avanzará en la concertación de unidades de Bachillerato en Andalucía, priorizando la Educación Especial y la Formación Profesional, y se garantizará la libertad de elección de centro”. Aparte del despropósito lingüístico de su redacción por la ambigüedad del gerundio ‘priorizando’ -¿priorizar qué?, ¿hacerlo dentro o fuera del Bachillerato?, ¿acaso no distinguen el Bachillerato de la FP y de la Educación Especial?…-, este revoltijo asintáctico da buena cuenta de un indisimulado sesgo neoliberal privatizador –valga el pleonasmo-. Por supuesto, no debemos pasar por alto la inclusión de rondón en esta medida 72 de un concepto bastante particular de libertad, esa que, como no podría ser de otro modo dentro de este horizonte ideológico, se mide según los ceros acumulados en la cuenta corriente de quien la pueda ejercer. No sé si me explico.
En cualquier caso, este asunto de la concertación de las enseñanzas no obligatorias, nudo gordiano de la política educativa de las derechas, resulta socialmente inquietante, ya que responde a un mantra muy extendido entre buena parte de la ciudadanía independientemente de su procedencia social, un sustrato ideológico y vital exasperantemente individualista que se traduce en una lectura privatizadora de la realidad. Muy resumidamente podríamos enunciarlo así: lo público ha de satisfacer mis intereses particulares, incluso mis caprichos, por no hablar de que ha de adaptarse como un guante a mis convicciones, a mis creencias o, incluso, a mi ideario político. Todo lo que esté fuera de este terreno –mi terreno- es un ataque frontal contra mi libertad, una imposición de un Estado autoritario o bolivariano –más o menos-. Así que, para garantizar mi libertad -¿mis antojos?-, por qué extraña razón no se me van a sufragar mis gastos en caso de que ‘libremente’ desee que mis retoños estudien la postobligatoria en, pongamos por caso, un centro privado del Opus o de los Cristianos Propagandistas. Es deber del gobierno, pues, hurtar dinero público al bien común, en este caso a la escuela pública, para dárselo a las empresas del sector educativo, para que yo pueda satisfacer mis caprichos, aunque tenga que pagar ‘libremente’ y bajo cuerda una suerte de impuesto revolucionario al centro concertado. De modo que presumo que este punto 72 del acuerdo de gobierno puede llegar a ser muy aplaudido por el cuerpo social andaluz, a pesar de que en el fondo esconde un tiro en el pie a los intereses de la mayoría. Otro tema en esta materia ‘concertadora’ es cómo se va a pagar todo esto, porque ya conocemos los principios en materia impositiva que sustentan al pacto PP-VOX. Pero me temo lo peor: para esto sí que van a encontrar financiación.
La veda se abrió con el difunto Imbroda, que asumió el cargo de Consejero de Educación una vez que se desvinculó de MEDAC, empresa privada especializada en titulaciones de FP de la que fue socio fundador –algo así como dejar a un pirómano la responsabilidad de apagar los fuegos estivales-.
Si continuamos persiguiendo la pista del dinero, aterrizamos en la medida 69, la que apuesta por nuevas titulaciones universitarias y de Formación Profesional. El ‘currículum oculto’ del documento que comentamos nos hace temernos otra vez lo peor. Pero no solo por lo que aparentemente no aparece explícito en este punto, sino por la trayectoria de las dos legislaturas anteriores. Me gustaría equivocarme en el análisis, pero creo que no estamos hablando en este aspecto de un fortalecimiento de la oferta pública universitaria y de FP, sino del enriquecimiento de las empresas del sector educativo más o menos afines a las derechas. En cualquier caso, esto no es nuevo. La veda se abrió con el difunto Imbroda, que asumió el cargo de Consejero de Educación una vez que se desvinculó de MEDAC, empresa privada especializada en titulaciones de FP de la que fue socio fundador –algo así como dejar a un pirómano la responsabilidad de apagar los fuegos estivales-. No obstante, aquí no se trata del poder de figuras más o menos relevantes como un consejero, sino de una ideología que empapa al conjunto de los componentes de este gobierno -¿frankenstein?-. No sé cuántos de los que tengan que pagar a pulso una FP o un grado universitario a sus retoños porque la administración andaluza no ofertó plazas suficientes seguirán votando a las derechas, pero si me guío por lo que pasó en las últimas elecciones y por lo que respiran las encuestas, me sigo temiendo lo peor.
En otro orden de cosas, habría que echar un ojo también a lo eminentemente ideológico, eso con lo que la ultraderecha está invadiendo e intoxicando el debate público y creo que ganando la batalla cultural –sea eso lo que sea- por su habilidad para colocar sus conceptos violentos, excluyentes y antidemocráticos en el centro sexi de la conversación.
En el terreno educativo, llama especialmente la atención la medida 71, cuyo encabezamiento es el siguiente: “Historia del terrorismo en España”. Supongo que se refieren al estudio orgánico del terrorismo como fenómeno histórico desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. O quizá quieren que se trate en clase todo lo que se puede denominar terrorismo más allá de ETA, es decir, el ejercido por el Estado a través de los GAL o el desarrollado por grupos de ultraderecha durante la Transición -el Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), los Grupos Armados Españoles (GAE) o los Guerrilleros de Cristo Rey-; o a lo mejor pretenden un estudio profundo de la Masacre de Atocha contra los abogados laboralistas de CC.OO. y poner al descubierto su relación con la red Gladio, esa alianza internacional anticomunista participada por la CIA, la OTAN, algunos grupos terroristas italianos neofascistas como Ordine Nuovo, alguno de los engendros ultraderechistas antes citados y los jóvenes pistoleros de Fuerza Nueva. No sé. Me da que no van por ahí los tiros –perdón por la expresión-, por lo que me temo lo peor.
¿Va a convertir este acuerdo de la vergüenza a los equipos directivos en agentes de inmigración frente a los derechos universales de la infancia, entre los que el derecho a la educación es esencial?
El documento de legislatura se encuentra bien abonado, además, con barbaridades acerca de, por ejemplo, la inmigración, el cambio climático o la memoria democrática, aspectos estos que no son en absoluto ajenos a la cotidianidad educativa. ¿Va a convertir este acuerdo de la vergüenza a los equipos directivos en agentes de inmigración frente a los derechos universales de la infancia, entre los que el derecho a la educación es esencial? ¿Preferirán las autoridades andaluzas que sustituyamos en las aulas el rigor científico en relación a la emergencia climática por la proyección de varias temporadas completas de Cuarto Milenio? Finalmente, por no alterarme ni alargarme más, en relación a la memoria democrática, atendamos a la medida 148 denominada “Nueva Ley de Concordia”, que pretende eliminar “la normativa vigente en materia de memoria histórica” y mantener, por consiguiente, una ignominia histórica basándose en un revisionismo alérgico al rigor historiográfico. Es este asunto, por cierto, otro de los caballos de Troya que han introducido hábilmente las derechas en la conversación pública, que quieren meter en las aulas –por supuesto y como es natural, sin asomo doctrinal alguno- y que desgraciadamente resulta difícil de combatir por la pujanza mediática ultra y la pereza intelectual de gran parte de la población.
En fin, no es por fabular, pero en la Comunidad Valenciana los ultras de VOX ya han propuesto una suerte de ‘policía educativa’ para controlar en las aulas el trabajo de los docentes, para preservar lo que ellos denominan neutralidad ideológica, que consiste literalmente en “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”. Ahora bien, ¿a qué se refieren exactamente con posicionamientos partidistas o dogmáticos? Porque recordemos que a la ciencia ellos la llaman dogma ideológico –o viceversa-.
Por cierto, ¿era esta la libertad que prometían sus postulados ideológicos neoliberales? Al tiempo, pero me sigo temiendo lo peor.
Juan Carlos Sierra Gómez
Profesor de Lengua y Literatura en el IES Pésula de Salteras
Su último libro es Ciclotímicos (Editorial Sílex)