El desarrollo de la educación pública ha respondido más a los intereses de los partidos políticos y los correspondientes gobiernos que a los intereses de la ciudadanía. Por tanto, las propuestas fundamentales sobre su futuro deben ser fruto de un debate social profundo, con amplia participación, de todos los sectores sociales, especialmente de los más afectados: docentes y familias. Los nuevos tiempos exigen nuevas formas de participación, más allá de las estructuras añejas de partidos políticos, entidades empresariales o sindicatos tradicionales y , sobre todo, ha de romper el divorcio entre sociedad y sistema educativo cuya relación actual se mueve, en muchas ocasiones, en un circulo vicioso de tópicos o excusas de quienes están dentro y de lugares comunes de quienes ven la educación desde fuera.
Las alumnas y alumnos deben ser el centro y el foco de la educación pública. El alumnado es su principal destinatario y, casi siempre, el gran olvidado. Un país o una comunidad que pretenda dar un buen servicio educativo a su ciudadanía, debe reflexionar sobre qué pretende, a dónde quiere llegar, cuáles son los grandes principios que deben regir la sociedad. A partir de ahí estará en condiciones de formular una educación adecuada. Este debate, ni se está produciendo, ni está explícito, lo que no es deseable para realizar propuestas transparentes que respondan a los intereses de la mayoría y no de grupos de poder interesados.
El papel y el estatus de los buenos profesionales de la educación se ha deteriorado, fruto de las políticas aplicadas, así como por la dificultad que supone desempeñar su papel ante los cambios sociales y culturales que inciden, de forma imprevisible, en las escuelas y en la nueva identidad del docente. Esta circunstancia se ha visto agravada por el insignificante protagonismo del profesorado en las decisiones que le están afectando, lo que unido al déficit de la formación inicial y permanente conduce a una importante ausencia de motivación profesional. Todo ello provoca un alto grado de desconcierto e inseguridad en su desempeño profesional acompañado del tránsito hacia nuevas identidades profesionales como fruto de los cambios sociales y los nuevos paradigmas del conocimiento.
Los diagnósticos y las evaluaciones que se vienen realizando de nuestro sistema educativo tienen un carácter superficial, ya que se focalizan sobre los resultados más que sobre los procesos, sobre aspectos cuantitativos más que cualitativos y no abordan elementos esenciales y profundos relacionados con aspectos sociales y globales. En la mayoría de los casos estas evaluaciones responden a un enfoque mercantilista de la educación, a una concepción de la escuela como empresa, lo que da lugar a un claro sesgo de sus resultados.
La obsesión por una determinada eficacia, da lugar a la hiperregulación, a la multiplicidad de informes e investigaciones de escaso o nulo impacto en la vida diaria de las escuelas, lo que implica la condena de la educación al “Síndrome de Lampedusa”: todo cambia alrededor, para que todo siga igual. Es decir, estamos instalados en la magia engañosa de la palabra cambio para no cambiar realmente nada, ya que, incluso, puede permitir la perversión de que lo pretendidamente nuevo no sea más que el fruto de matrices ideológicas y culturales viejas, con el adecuado maquillaje. El cambio y el pacto han de venir de nuevos paradigmas que caracterizan a la educación del siglo XXI.
En conclusión, nos encontramos ante un progresivo y grave deterioro de las funciones sociales que debe cumplir una educación pública respecto a la equidad y la democracia. Dicho deterioro profundo tiene que convertirse en una auténtica voz de alarma para el cambio educativo que la sociedad civil demanda con urgencia.
Desde el punto de vista de la Asociación REDES, formada por profesionales de todos los ámbitos educativos, los problemas fundamentales de la educación, en la actualidad, se resumirían en los siguientes nueve puntos:
1) Déficit crónico de la asignación de recursos, agudizado desde 2011 por duros recortes presupuestarios, aplicados tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas de todo signo político, que han afectado a las condiciones laborales del profesorado y, en consecuencia, al funcionamiento de un servicio público esencial en una democracia.
2) Graves carencias de la formación inicial y permanente del profesorado así como de su sistema de selección. Ni la formación ni la selección responden a las necesidades educativas, en su amplio sentido, que tienen hoy el alumnado y la ciudadanía en general.
3) Ausencia de real autonomía curricular y organizativa de centros y profesorado, aquélla que caracteriza a las y los profesionales de la cultura y no la ficticia autonomía sobre el papel que realmente los obliga a ser burócratas de decisiones ajenas.
4) Los nuevos paradigmas del conocimiento del siglo XXI convierten a la escuela en una institución anacrónica tanto en sus contenidos (currículos) como en su organización de espacios y tiempos.
5) Las políticas de evaluación externa y rendición de cuentas conducen a la escuela a lógicas empresariales de funcionamiento que la alejan de las funciones sociales, democráticas y culturales que debe cumplir.
6) El modelo gerencialista y burocrático de la Dirección escolar muy alejado del modelo de dirección y liderazgo pedagógicos que necesitan los proyectos educativos de los centros.
7) La presencia de la religión como adoctrinamiento en la escuela contradice los más elementales principios de la escuela pública de un Estado aconfesional. Además, está provocando verdaderos problemas de organización y funcionamiento al profesorado y equipos directivos así como situaciones de discriminación entre el alumnado.
8) Una Inspección educativa burocratizada en su funcionamiento y politizada en su organización que no cumple adecuada y satisfactoriamente sus funciones de garante de los derechos educativos de los ciudadanos ni es capaz de impulsar los cambios educativos necesarios en los centros.
9) La actual triple red escolar que padecemos (pública, concertada y privada) es causa de una creciente desigualdad social con tres sistemas educativos diferentes según los grupos sociales a los que va destinado.
ONCE PROPUESTAS de REDES
a) Revisión de los principios fundamentales de un sistema educativo como servicio público en una sociedad democrática del siglo XXI y, de acuerdo con ellos, realización de un profundo diagnóstico de la situación actual de la educación en la que participen todos los implicados en el proceso educativo: el profesorado, el alumnado, las familias, asociaciones de familias y alumnado, organizaciones sindicales etc. y muy especialmente, la sociedad civil en su conjunto a través de movimientos y organizaciones sociales y culturales que puedan contribuir aportando ideas y soluciones a los problemas de la educación.
b) Aumento de la asignación de recursos para la educación. Dichol incremento debe estar unido a unos criterios transparentes sobre la finalidad y la gestión de los mismos. Por último, es necesario establecer un fondo de cohesión interterritorial, con el fin de compensar las desigualdades territoriales y de asegurar una educación de calidad en todas las Comunidades Autónomas.
c) Una Administración educativa que responda a los fines e intereses del sistema educativo púbico, y no del partido político que gobierne en cada ocasión, ha sde ser ajena a la politización extrema que, en estos momentos, recorre su organización, funcionamiento y toma de decisiones. En consecuencia, proponemos reducir el alto número de cargos de designación política en la administración educativa que responden prioritariamente a los interesas del partido político gobernante.
d) Modificación de la formación inicial del profesorado, vinculándola permanentemente a la práctica en las aulas y a la investigación sobre la misma y, por tanto, cambiando radicalmente los actuales planes de estudios universitarios. Por otra parte, en el diseño y la gestión de la formación permanente deben tener un amplio protagonismo los propios centros y el profesorado que debe gestionar, administrar, desarrollar y programar, de forma que sean los profesores y profesoras de mayor experiencia y cualificación los que asuman la tarea de formar a sus compañeros de profesión.
e) Modificación del actual sistema de acceso a la función docente, básicamente centrado en demostrar conocimiento académico de tipo disciplinar, pedagógico y legislativo, sustituyéndolo por otro que ponga el acento en capacidades observables, en experiencias demostrables, así como en aptitudes y compromisos intelectuales, emocionales y sociales necesarios para el ejercicio de la función docente en los niveles obligatorios.
f) Dotar de autonomía educativa a los centros y profesorado que permita la reorganización de los anacrónicos currículos, espacios y tiempos escolares, permitiendo nuevas organizaciones de centros con mayor grado de flexibilidad y creatividad, para dar respuesta a las nuevas demandas educativas. Ello pasaría por reducir el excesivo protagonismo, por dejación o interés de las administraciones públicas, de las empresas editoriales en el diseño y desarrollo de lo que se realiza en las aulas, que da lugar a un déficit y una pérdida de poder del profesorado sobre su acción.
g) Cambiar el actual modelo jerarquizado y burocrático de organización y gestión de los centros de enseñanza obligatoria, de forma que el funcionamiento de los mismos obedezca a procedimientos democráticos para la elección de los órganos de gobierno, los cuales deben estar alejados de las lógicas gerenciales y de rendimiento de cuentas a favor de direcciones pedagógicas. En consecuencia, eliminación de las Agencias de evaluación externas y reformulación del papel de los Directores y Directoras como representantes de los centros ante la Administración. Ello obligaría a cambiar el actual modelo de dirección priorizando el conocimiento de las necesidades de los centros con un procedimiento de selección vinculado a la práctica directiva y docente y con un sistema de evaluación desvinculado de los intereses de la administración y superador del modelo gerencialista hacia el que se ha evolucionado en los últimos años.
h) Denuncia de los anticuados acuerdos entre Iglesia Católica y Estado en materia de Enseñanza para que el Estado aconfesional, promulgado en la Constitución, se refleje realmente en la escuela pública en la que debe existir ausencia absoluta de cualquier tipo de adoctrinamiento religioso.
i) La inspección educativa, debe ser independiente de cargos políticos provinciales y responder ante las más altas instancias administrativas plurales y no partidistas. Por otra parte, sus actuaciones en los centros educativos han de partir y contar con las necesidades de éstos y deben coordinar la acción educativa de la red institucional sobre las zonas escolares.
j) Adoptar medidas encaminadas hacia una única red escolar pública como las siguientes: la red concertada debe tener un carácter subsidiario en aquellas zonas donde no exista oferta suficiente de puestos públicos; aplicación efectiva del principio de gratuidad de toda la red sostenida con fondos públicos, principio cuyo incumplimiento generalizado es conocido; reducción de la red concertada y la ampliación de la pública, para garantizar un mayor grado de igualdad en el acceso a la educación de la ciudadanía, o que la red concertada se implante en igual proporción en las distintas zonas geográficas sean cuales sean sus rasgos socioeconómicos.
k) Pacto político sobre la educación que cumpla dos condiciones fundamentales: Ser el reflejo de un acuerdo social y civil sobre la educación con amplia participación de los movimientos sociales y culturales; y ha de suscribir contenidos concretos que aborden los problemas fundamentales y no un pacto de mero mantenimiento de la situación actual con el añadido del silencio político que el propio pacto conllevaría. Pacto sí, pero sobre los problemas fundamentales y sus soluciones.
En resumen, las medidas propuestas responden a la concepción que posee la ASOCIACIÓN REDES sobre la escuela pública, que debe ser democrática, porque es la garantía de la defensa de la misma democracia; debe ser justa para que aporte a la ciudadanía según sus necesidades; debe ser inclusiva, al permitir una verdadera participación en lo común, y de calidad, garantizando que al alumnado se le den los conocimientos y competencias necesarias para participar y comprometerse con la sociedad en la que viven.
ANDALUCÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015
ASOCIACIÓN REDES
www.asociacionredes.org
asociacionredessevilla@gmail.com