INSPECCIÓN EDUCATIVA: ENTRE EL DESPROPÓSITO Y LA CHAPUZA.

Un escrito remitido a REDES por once ex inspectores/as provisionales.

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en una nueva huida hacia adelante, se está dedicando a cometer error tras error que afectan gravemente a la Inspección Educativa. Este cuerpo docente, que dada sus características y funciones debería ser especialmente atendido por la Administración Educativa, y dar ejemplo de transparencia e imparcialidad, viene siendo víctima desde el inicio del mandato del Sr. Imbroda de no pocos despropósitos, que han motivado la protesta de asociaciones de inspectores, sindicatos e incluso han sido objeto de preguntas parlamentarias a cargo de varios grupos con representación en el mismo. Sin embargo, todo lo anterior parece que no ha sido suficiente para que los responsables de la gestión de personal de la Consejería hayan tomado nota de los desaciertos cometidos e intentado subsanarlos. Prueba de ello es cómo se está llevando a cabo el procedimiento de confección y publicación de la Bolsa de Inspectores Provisionales, así como la adjudicación de las plazas disponibles. Hay que tener en cuenta que un colectivo como el de Inspección Educativa, conformado por unos 240 inspectores necesita cubrir una parte del mismo mediante una bolsa de inspectores provisionales, pero lo que en el resto de cuerpos docentes es todo agilidad y transparencia, gracias a sistemas y plataformas como p ej. SIPRI, en el caso de Inspección Educativa se vuelve un sistema opaco, de difícil entendimiento hasta para los que participan en el mismo y con frecuentes errores que lo convierten en una chapuza sin precedentes.

A modo de resumen: tras publicar el listado de personal que conformará la bolsa de trabajo para cubrir con carácter provisional puesto de trabajo de inspección educativa, que infringe la norma que la propia Consejería posee para regularlo, y presenta numerosos errores en el baremo, la Dirección General de Recursos Humanos adjudica 25 vacantes sin que se haya publicado previamente la lista ordenada con las provincias solicitadas por las personas participantes ni las vacantes disponibles, algo inaudito en cualquier otro procedimiento de bolsa de docentes. El titular de la Dirección General, D. Pablo Quesada, ordenó el día 1 de septiembre a las Delegaciones Territoriales el cese, con efectos de 31 de agosto de 2021, de los inspectores/as provisionales, publicando una semana después la asignación de puestos vacantes en las condiciones que ya hemos indicado. Durante la primera semana del curso escolar estas plazas han estado vacantes, lo cual ha supuesto en algunos servicios contar con menos de la mitad de la plantilla de funcionamiento justo a principios de curso, y todavía a finales de septiembre, hay provincias con sus plantillas de funcionamiento incompletas debido a los cambios y errores en la adjudicación. Y todo esto se produce en el momento en que las llamadas y consultas de los centros educativos a sus inspectores de referencia es especialmente intenso. Además, esta actuación contraviene deliberadamente lo prescrito en la norma de la propia Consejería, que ordena: “El personal funcionario docente que en el momento en que se constituya la nueva bolsa desempeñe provisionalmente puestos de trabajo de inspección educativa cesará en los mismos con efectos del día anterior al de la fecha de incorporación a sus destinos de quienes accedan a los puestos adjudicados como consecuencia de la constitución de la nueva bolsa” perjudicando a los funcionarios y afectando gravemente la prestación de un servicio educativo tan vital como el que ejerce la inspección educativa en el inicio del curso escolar 21/22. La pregunta que todos se hacen es “¿Era necesario cesar a inspectores que llevan varios cursos trabajando con sus centros y conocen sus problemas y circunstancias con tanta premura?” El resultado ha sido que unos días mas tarde se incorporaron como inspectores provisionales funcionarios en algunos casos completamente noveles en el importante ejercicio de la inspección educativa, desconocedores de cómo atender adecuadamente a los centros educativos al iniciar el curso, con el consiguiente deterioro de la función inspectora, esa que el mismo Sr. Imbroda dice querer potenciar y a la que sistemáticamente vapulea.

Y todo lo anterior no es más que el resultado de la chapuza que supuso el procedimiento de creación de la bolsa para la provisión con carácter provisional de puestos de trabajo de Inspección Educativa, convocado el pasado 30 de julio de 2021, que infringe la regulación establecida en la propia normativa respecto a los criterios de ordenación de la bolsa. En primer lugar se publicó un listado provisional alfabético de participantes que no se correspondía con los criterios de ordenación de la bolsa, lleno de errores en la baremación y omitiéndose información que aparece publicada posteriormente en la resolución definitiva. La publicación provisional del listado generó no pocas alegaciones y peticiones de anulación del procedimiento por parte de los afectados, alegaciones de las cuales no se tuvo noticia si fueron o no tenidas en cuenta. Justificando aún más el calificativo de proceso chapucero, cuando la Dirección General publica el listado definitivo ordenado de personal participante en el procedimiento, el pasado 1 de septiembre, en lugar de rectificar los errores anteriores, aparecen nuevos e importantes fallos: las calificaciones obtenidas en las pruebas primera y segunda están invertidas, graves errores en el cálculo del tiempo de servicio de los participantes, colocando a participantes con diez años de servicio por detrás de otros que tienen tres años. En resumen: se incumplen los criterios de ordenación de la bolsa, se obvia el procedimiento de constitución y se elude la publicación correcta de la misma así como el de adjudicación de destinos. Y ahondando mas en lo reflejado, también tiene una responsabilidad imposible de eludir la Comisión de Valoración de Méritos, ya que la norma le atribuye la elaboración ordenada del listado de participantes y su elevación a la Dirección General de Recursos Humanos. La Comisión se ha limitado a hacer de forma poco adecuada su trabajo, y no ha velado por la correcta aplicación del procedimiento. Poco recuerdan que una de sus funciones era precisamente supervisar el buen desarrollo del procedimiento e informar a la Dirección General de los posibles errores que detectara. Pero claro, nada de esto puede extrañar cuando dos miembros de esta Comisión fueron recusados en su momento y sin dar explicación alguna, se les decidió mantener como miembros. La Ley de Procedimiento Administrativo es, en estos casos, clara y precisa, y ordena a todo funcionario que pudiera incurrir en causa de abstención a que de forma voluntaria o de oficio sea apartado de un procedimiento en el que haya tenido algún tipo de participación. Sin embargo, la Dirección General de Recursos Humanos vuelve a decidir de manera unilateral y ni siquiera estudia la recusación presentada. Nuevamente, la idea de que con el cuerpo de Inspección Educativa se actúa de manera arbitraria y poco clara vuelve a tener una nueva y palmaria evidencia. Finalmente, cuando ya el curso está mas que empezado, el resto de bolsas de cuerpos docentes están reglamentariamente constituidas y sus participantes pueden consultar y saber en todo momento cuál es su situación a la hora de desempeñar una interinidad o sustitución, los participantes en la bolsa de inspectores provisionales solo tuvieron noticias de la publicación de un listado corregido de los participantes, con fecha 9 de septiembre, donde se subsanaban algunos de los graves errores detectados en la resolución anterior, pero en los que persistían otros, y aun a fecha de hoy, los participantes desconocen las vacantes existentes en los distintos servicios provinciales que son susceptibles de cubrir por inspectores provisionales, ni tienen idea alguna de cuál es su lugar dentro de la bolsa, ni de las posibles nuevas vacantes que se puedan generar.

Una administración que presume de ser transparente, que incluso ofrece al ciudadano un portal de transparencia y se permite sacar pecho de poseer una ley autonómica que obliga a la administración a dar cuanta información relevante le requiera el ciudadano/a, actúa ¿deliberadamente? de manera oscura, ocultando datos, y convirtiendo uno de sus colectivos mas señeros, la Inspección Educativa, en un impenetrable laberinto de procedimientos, errores y como hemos dicho anteriormente, actuaciones rayanas en la chapuza más descarada. Tal cúmulo de deslices en la toma de decisiones y tanta ineptitud en la aplicación de las mismas debería tener consecuencias, tanto en la esfera de los responsables políticos como en la de los responsables técnicos que han participado en todo este proceso. Pero mucho nos tememos que tales consecuencias no se van a producir, sino que la obcecación en el mantenimiento de los errores y la huida hacia adelante serán las recetas que esta inefable mezcla de gestores poco avezados y políticos más preocupados por sus apariciones ante la galería que por velar por el buen funcionamiento de la administración, seguirán aplicando para intentar salvar la imagen de una actuación que cada vez huele mas a podrido y contribuye a dar una imagen tenebrosa y negativa de la inspección ante la ciudadanía. Una inspección educativa profesional, ejemplo de transparencia y de buen hacer, dignifica la Educación y ayuda a familias, profesorado, directivos y alumnado a disfrutar de un servicio de calidad. Lo contrario es esto que estamos viviendo: errores, prisas, descoordinación, que llevan a las actuaciones chapuceras descritas. Es hora de pedir cuentas a quienes desde los despachos permiten que los desaciertos se ceben sistemáticamente en el que deberia ser un cuerpo técnico de élite y poner el foco de atención en lograr una Inspección Educativa de calidad en todos sus ámbitos.

Maria del Carmen Pulgarin Medina y 10 ex-inspectores/as provisionales más.


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