No hay huevos con la religión

Competencias Específicas, Saberes Básicos Mínimos –valga la potencial redundancia-,
Perfil de Salida, Perfil Competencial, Proyecto Interdisciplinar como materia optativa, Área Lingüística
de Carácter Transversal, cultura del emprendimiento e incluso de la ‘emprendiduría’ –valga el palabro que, por cierto, no recoge ningún diccionario serio-, Diversificación Curricular en lugar del rimbombante PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento), Atención Educativa no calificable,… Estos son algunos de los vocablos a los que muchos docentes andaluces se están acostumbrando a prisa y corriendo en el inicio del curso 2022-2023, una terminología en algunos casos nueva, pero sobre todo renovada, rescatada o remozada, que habita las instrucciones que la Junta de Andalucía publicó a finales del mes de junio, a falta del Decreto y de la Orden que fijen, limpien y den esplendor competencial, quién sabe por cuánto tiempo, a la LOMLOE, esa ley bolivariana aprobada en Madrid el 23 de diciembre de 2020 con los votos del también bolivariano gobierno de coalición y de algunos de sus socios habituales (PNV, ERC y Más País), publicada en el BOE el 30 de diciembre y cuya entrada en vigor data del 19 de enero de 2021. Hagan sus cuentas: en septiembre de 2022, en nuestra Andalucía educativa aún no se ha cerrado legislativamente hablando la concreción de la LOMLOE. ¡Échale huevos al asunto! O cálculos electorales.
Resulta cuando menos llamativo que en este terreno la Junta de Andalucía esté contemporizando tanto para poner negro sobre blanco sus competencias educativas. No ha sucedido lo mismo, sin embargo, en materia tributaria: le ha faltado tiempo para traicionar a su mayoría absoluta, porque tantos ricos no creo que haya en Andalucía, y proclamar a bombo y platillo mediáticos vía Decreto –ahora sí- la desaparición del impuesto sobre Sucesiones y Patrimonio. Pero como decía Moustache en Irma la Dulce, esa es otra historia; o quizá no y forma parte de la misma historia, del mismo entramado ideológico, como el hecho de que, ya que estamos en el terreno de las perversas manipulaciones léxico-semántico-educativas, ahora en Torretriana los carteles señalen que allí se encuentra la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional donde antes simplemente se hallaba la Consejería de Educación –con todos los aditamentos que la historia le ha colocado como apellidos bastardos-.


Sea como fuere, el caso es que hasta nuevo aviso, que se calcula que se produzca a final de este año o principio del que viene, los docentes de a pie, los equipos directivos y la inspección educativa han de contentarse con este galimatías normativo y terminológico, y aplicarlo como puedan. Por su parte, a las familias y al alumnado les toca otra vez jugar el papel de sufridores silenciosos y conejillos de indias en la enésima vuelta y revuelta sin consenso y sin pacto estatal del sistema educativo patrio. En este país, una persona que se dedique a la enseñanza puede pasar fácilmente, entre su época estudiantil y su ejercicio profesional, por una media de cuatro o cinco sistemas educativos más o menos distintos. Y así no hay quien se centre en lo importante ni quien combata ese supuesto mal endémico que socava al sistema educativo español, aunque cada una de las reformas se postule como la definitiva y «panacéica», la solución a todos los males educativos anteriores.
En la nueva ley educativa que le toca ahora concretar a esa consejería espuria que sustituye a la de Educación se mezclan, como hemos visto, terminologías variopintas e incluso exóticas, tufos ideológicos variados y hasta contrapuestos –será eso que llaman transversalidad-, experimentos etéreos, algún que otro acierto y alguna que otra chuchería pedagógica. Pero lo que sigue en pie, ahora y siempre, es una de las anomalías mejor asumidas por el imaginario ideológico colectivo, la presencia de la religión en el currículum y en el diseño de los recorridos académicos. El análisis y la explicación de esta anormalidad patrio-educativa podría extender innecesariamente este texto, así que solo me atreveré a asomar la patita histórica y sociológica: creo que aún no hemos madurado como sociedad democrática, no hemos sido capaces de liberarnos del inconsciente ideológico nacionalcatólico, lo que significa que a una parte importante de la sociedad le parezca normal algo que objetiva y racionalmente no lo es. Para comprobarlo solo tenemos que preguntar sobre este asunto a cualquier ciudadano de nuestro entorno occidental y democrático: sencillamente no daría crédito. Será porque, como sostenía el lema del ministro franquista Fraga Iribarne, Spain is different y lo sigue siendo, al menos en lo educativo.


En cuanto a la religión como materia, aunque solo sea optativa y más allá de que se esté tomando muy a la ligera el artículo 16.3 de la Constitución, hay dos asuntos que me parecen especialmente flagrantes: que sea considerada como una asignatura más, es decir, que se le dé rango científico y académico a algo basado en la fe y en los sentimientos privados, y que a ningún partido a izquierda y derecha del arco parlamentario –pero sobre todo a izquierda- se le haya ocurrido acabar con esta aberración.
En cada una de las reformas educativas realizadas en democracia, ocho en total, ningún gobierno se ha planteado seriamente eliminar las clases de religión de su diseño y dedicar esas horas a otros asuntos más necesarios. Esta seudomateria se ha manoseado, se ha revisado, ha soportado más o menos peso y relieve calificador –aquí sí que se han jugado las bazas ideológicas, aunque en una partida de chichinabo-, pero ningún gobierno ha ido a la raíz del asunto, al meollo de la cuestión. Probablemente este ‘que pase de mí este cáliz’ gubernamental se deba principalmente a razones electorales, porque a lo mejor los dirigentes políticos ignoran lo que cuesta un café fuera de la cafetería del Congreso, pero sí conocen el sustrato sociológico mayoritario de su país y son conscientes de que la cuenta en las elecciones les pueden salir a deber si toman una medida como esta. Además, ya se encargaría la derecha parlamentaria y mediática de echar leña al fuego y de rebuscar en las vísceras de los votantes, que es de donde procede la mayoría de las papeletas de cualquier elección, porque una medida así solo se esperaría de un gobierno de izquierdas, evidentemente. Sin embargo, en un momento como el actual, cuando el peso gubernamental de la izquierda es más evidente que nunca –y no solo de boquilla- por la presencia de Unidas Podemos, no ha habido huevos con la religión, casi ni se le ha tocado un pelo.

No se trata de un asunto de testosterona, como podría deducirse de la expresión elegida más arriba, sino de justicia democrática y de cumplimiento de la legalidad constitucional. Aquellos a los que les costó dar su voto afirmativo a la Constitución del 78 son los que se agarran ahora a ella y la defienden cínicamente evitando cumplirla en un asunto como el que aquí nos ocupa –y no solo en este-; se trata de los mismos que la traicionaron firmando en el 79 el acuerdo con la Santa Sede para que la Iglesia católica mantuviera esta prerrogativa, esta sinecura, esta tara en nuestro sistema educativo. De ellos no se puede esperar mucho en este sentido, la verdad, y del gobierno andaluz evidentemente tampoco. Pero a los redactores de la LOMLOE sí se les puede exigir coherencia ideológica e histórica, fidelidad a la palabra dada o escuchada en los mítines. Probablemente nunca lo hemos tenido más a huevo, nunca antes la izquierda a la izquierda del PSOE lo ha tenido más a mano –y me temo que tal como soplan los aires de la historia reciente van a pasar muchos años para que así sea-. Otra oportunidad perdida para que la racionalidad y la sensatez, la justicia social, histórica y poética ganen terreno en nuestro sistema educativo.
¡Manda huevos! –Federico Trillo dixit-.

Juan Carlos Sierra Gómez. Profesor de Lengua y Literatura del IES Pésula de Salteras. Su último libro es
Ciclotímicos (Editorial Sílex).

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