La privatización de los servicios públicos, una vez establecidos estos como un nicho más de conversión de servicio en producto con el que comerciar, no es nueva, ni propia, ni exclusiva de la administración andaluza actual, aunque es verdad que con los gestores actuales se produce de una manera clara, desacomplejada, decidida y casi frenética.
Los mecanismos y los agentes para llevar a cabo ese proceso han sido múltiples y han ido variando con los tiempos: desde las editoriales y sus “obsequios” -siempre al profesorado, nunca a los centros- hasta la oferta masiva de titulaciones, ya de FP, ya de títulos universitarios, de másteres habilitantes o no, cursos de especializaciones diversas hasta el infinito… Todos estos mecanismos llevan aparejado el “relato” de su comercialización: “Busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo”.
Viene esta introducción al hilo de la proliferación de las Jornadas de Puertas Abiertas -en adelante JPA- que nuestra administración impulsa para los centros educativos como signo, uno más, de la cacareada política de transparencia aunque, eso sí, mantiene bajo siete candados los datos que atesora desde hace años, evaluación tras evaluación, informes tras informes, dictámenes tras dictámenes, …, que mostrarían la foto real del sistema en su conjunto, así como de su funcionamiento y que puestos al servicio de investigadores y gestores del modelo -desde la inspección a los profesionales de la enseñanza, así como de los diseñadores legítimos de las políticas educativas- permitirían, como se ha señalado en nuestro editorial de marzo, no ir a ciegas, ni descubriendo el mediterráneo a cada paso, o, para justificarse, inventando banalidades a base de ocurrencias.
En 2021, en la revista Educación XXI de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, se publicó un interesantísimo artículo titulado Las Jornadas de puertas abiertas escolares: ¿Un dispositivo casi-comercial? (Gonzàlez Balletbò, I.; González Motos, S.; Martínez, R. y Benito Pérez, R. (2021). Educación XX1, 24(1), 329-352, http://doi.org/10.5944/educXX1.26875).
En este artículo, en el que se analizaron y categorizaron 42 centros de primaria de Barcelona y su área metropolitana, se hace referencia, entre otros muchos aspectos, al origen bienintencionado de las JPA como la confluencia, a partir de los años 90 del pasado siglo, de “los principios de autonomía y descentralización escolar, comunicación con las familias y transparencia de la información”.
Así mismo ocurría, también a partir de dicha fecha, en nuestra comunidad andaluza: las JPA que los centros, sobre todo los privados concertados primero y más tarde extendidas también a los centros de titularidad pública, pusieron en marcha pretendían dar a conocer a las familias la singularidad y características propias de sus proyectos educativos, así como sus peculiaridades organizativas y de recursos.
En el artículo citado antes se advertía del riesgo de convertir dichas JPA en un dispositivo “casi comercial” al intervenir, con la educación como producto, en lo que los autores llaman un “casi mercado”.
Tres años más tarde, el 25 de marzo de 2024, una de las autoras del citado artículo, Sheila González, afirmaba en una entrevista concedida a El País Educación: “Las JPA generan desigualdad y tensión en las familias, y fomentan la segregación”.
Puestos en comunicación con algunos centros de nuestro entorno, así como con FAMPA Sevilla y CODAPA, nos confirman estas aseveraciones.
¿Qué ha ocurrido para que este recurso, que además de bien intencionado era una ventana abierta a la transparencia de los centros, haya acabado convertido en un mecanismo segregador?
A nuestro juicio han coincidido varios factores. De un lado la bajada de la natalidad que, siendo cierto que es general para toda la población, no ha afectado por igual a los centros que acogen a la población infantil. Como ya se ha denunciado por REDES y otros colectivos y organizaciones, la persistencia y ampliación de los conciertos educativos ha blindado la escolarización en centros privados concertados mientras que en los públicos ha conllevado desde la supresión de unidades y líneas completas hasta el escandaloso rechazo de 119 millones de euros provenientes de Fondos Europeos para la creación de Escuelas Infantiles de titularidad pública, pasando por el desvío presupuestario de otros cinco millones de euros, destinados en principio a lo mismo, a las obras de remodelación de un estadio.
Otro elemento que ha contribuido a esta desnaturalización de las JPA ha sido, y sigue siendo, la desigual y progresiva distribución del capital social y cultural en nuestra tierra que, sin ser nueva, se ha visto acrecentada con el peculiar desarrollo del capitalismo comercial y de servicios auspiciada y promocionada por nuestras instancias gobernativas autonómica y estatal que convierten el Derecho a la Educación en un servicio más susceptible de ser ofertado y vendido y en meros clientes a “los usuarios del sistema”.
La conjunción de estos elementos junto con la derivada de la segregación residencial analizada en estas mismas páginas por el Observatorio de la Educación -percibida además como algo natural- ha contribuido decisivamente a convertir las JPA en un simple mecanismo comercial para la captación de una clientela que escasea y para la que la oferta de escolarización se ofrece diferenciada por sesgos de clase, de tal manera que hay sectores que no encuentran plazas públicas ni privadas al no existir oferta, caso de la corona sur de la cercana y populosa población de Dos Hermanas, o que sienten, a través de los discursos culturales diferenciadores, (incluso económicos: cuotas) que aquello no es para ellos.
Andrés García Díaz