LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA

Tras una larga reflexión sobre el "lamentable estado" de la enseñanza de la religión y de la formación ético-cívica en la escuela española, el equipo de redacción de Éxodo concluía en octubre de 2001 con este deseo: "En fin, lo importante es acabar con lo nefasto de la actual situación; tomar alguna iniciativa e incluso tener el valor de arrostrar una posible equivocación, porque en determinadas causas la mera abstención es culpable" (número 60). En esta misma línea, saludamos la presencia del "borrador" que acaba de enviar el Gobierno a las comunidades autónomas y a los editores sobre la Ley de Calidad en materia religiosa. Se pretende con este nuevo proyecto estructurar curricularmente el área de Sociedad, Cultura y Religión, puesta ya en funcionamiento por la propia Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) desde principios de enero del 2003.

1. Vista desde dentro, la actual situación de la religión en la escuela es ciertamente preocupante. Ni la religión confesional goza de un estatuto digno que neutralice la esterilidad de tanto esfuerzo docente y dignifique la labor del profesorado, ni la formación ético-cívica, dispersa en demasiadas "asignaturas transversales", consigue ofrecer al alumnado una tabla coherente de valores. Esto no sólo banaliza la función moral inexcusable de la escuela, sino que la distorsiona en gran manera. Y, lo que no es menos relevante, causa un gran despilfarro económico al erario público al tener que duplicar todo lo que se relaciona con el área de religión: los materiales, los profesores, las aulas, los horarios, etc.

No ignoramos los avatares por los que ha ido pasando la clase de religión en un tiempo relativamente reciente. Su legislación se ha ido ajustando a una dinámica muy peligrosa en materia educativa: la norma y la reforma de la norma a la vuelta de la esquina. Sujeta a los avatares del color político gobernante, a esta legislación le ha faltado siempre el equilibrio y la necesaria estabilidad que la tarea educativa requiere y que debe ser fruto del consenso entre todos los agentes sociales implicados en la materia. Esta falta de consenso se advierte entre líneas aun en nuestras leyes más básicas. Así, la misma Constitución del 1978, que consagra el paso al Estado aconfesional, junto a "libertad religiosa" (16.1) y la seguridad de que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" (16.3), garantiza unas especiales "relaciones de cooperación con la Iglesia católica"(16.3). Esta misma Constitución garantiza a los padres el derecho a que "sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones" (27.3). Todo este galimatías desprende un cierto tufillo de reforma interna de una norma que se acaba de instituir como doctrina general.

Reconocida de este modo la Iglesia católica como interlocutora válida en el área religiosa en la escuela, se introduce justamente un factor que, a la larga, se ha venido evidenciando incómodo y absorbente. Ya el 1980, en la que se considera Ley Otero Novas, el Gobierno de la UCD tuvo que negociar con la Iglesia católica el Estatuto de Centros Escolares y las Órdenes en materia religiosa, proponiendo la Ética como alternativa a la religión, obligatorias ambas y con valor académico. Aparentemente ecuánime, esta ley encierra, de hecho, una gran discriminación: carga al alumnado civil con una nueva asignatura, la Ética, y deja en manos de los profesores de religión, nombrados directamente por los obispos, la formación ético-cívica de aquellas y aquellos que han elegido la clase de religión.

Para salir al paso de tal despropósito, primero con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y luego con los correspondientes reales decretos (1006/1991, para Educación Primaria, y 1007/1991, para Educación Secundaria Obligatoria), los diferentes gobiernos del PSOE, con mayor voluntad que fortuna, sometieron a tal ajuste tanto la asignatura de Religión como su alternativa (reducida, en la práctica, a un "estudio vigilado"), que las convirtieron en mero apéndice del currículo sin repercusión académica alguna.

2. El borrador que ahora conocemos nos ha dejado perplejos. Pensábamos que, a estas alturas, este nuevo paso iba a recomponer el desconcierto que existe en esta área. Esperábamos de esta nueva Ley de Calidad en el área religiosa alguna propuesta que intentara restablecer, como primer punto, "la equidad y la justicia", gravemente dañada entre los alumnos. Porque no se puede constitucionalmente seguir discriminando a nadie por motivos religiosos en la escuela. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho al mismo currículo. Y por mucha tradición que se acumule a nuestra espalda, para salvar la "legalidad" de unos no podemos cargar a otros con las consecuencias.

Desde estos principios, mirado el programa que se perfila para el "hecho religioso" -y que va a ser alternativo a la clase de Religión-, más bien nos parece una repetición de lo mismo. Un cierto doblaje, a no ser que se piense convertir la clase de religión católica en una catequesis kerigmático-sacramental, lo que sería abiertamente inconstitucional.

Esperábamos, por otra parte, que esta nueva ley abordara con seriedad el "estatuto especial" de los profesores y profesoras de Religión, actualmente nombrados no por el Estado, sino por los obispos. Porque pensamos que no puede seguir dejando el Estado la educación ético-cívica de muchos de sus alumnos y alumnas en manos de un colectivo cuyo origen y capacidad no controla. Ni tampoco tiene por qué seguir cargando el Estado con los costes que la duplicación de esta área está generando.

Pero con gran sorpresa constatamos que, con el actual borrador, además de volver a posiciones ya superadas, se pretende legitimar un statu quo que, a muy corto plazo, va a tener que ser reformado por otra nueva ley más ajustada a la equidad y más respetuosa con el pluralismo social. Creemos que ha llegado ya el momento de romper con dicotomías tales como "religión y ética", "religión y su alternativa", "religión y hecho religioso" que están al origen de ese incesante vaivén del legislador de turno. Ha llegado también el momento de "denunciar" los Acuerdos con la Santa Sede del 1979, que son causa de discriminación y de privilegios entre los alumnos. El hecho religioso y la ética-cívica pueden ser un buen aporte cultural para todos los alumnos siempre que sean impartidos por un profesorado con el mismo estatuto que el resto del claustro y nombrado por el Estado.

3. Como cristianos tenemos muy claro que el "lugar social" de la Iglesia católica, aquí y ahora, no está ya en la escuela. Sin menospreciar la posición del Vaticano II en su Declaración Gravissimum Educationis, que hace una ferviente defensa de la "escuela católica", no podemos ignorar que se trata de otra época y que, en estos últimos casi cuarenta años, nuestra sociedad ha cambiado sustancialmente. Así como en otros ámbitos de la esfera pública el cristiano ha ido abandonando la idea del partido o del sindicato confesionales, pensamos que ha llegado ya el momento de plantearnos la misma actitud respecto a la escuela católica.

Pero, más allá de la escuela católica, nos parece urgente abordar la forma misma de "presencia del cristiano" en la escuela pública. Ya durante al tardofranquismo y los primeros años de la transición muchos cristianos (inspirados en Antonio Gramsci y liderados en parte por Alfonso-Carlos Comín, Fernando Urbina y otros) se enfrentaron a la alternativa "cristianismo de presencia" (movidos personalmente por la propia fe) o "cristianismo de mediación" (presentes en la sociedad con obras propias, confesionales). No era probablemente el mejor momento para zanjar esta importante cuestión. Pero a algunos años de distancia, nos parece claro que, siguiendo el estilo de Jesús, el mejor camino pasa por la primera opción. Y en el caso que nos ocupa, lo que está fuera de toda lógica es que se siga intentando crear una "escuela católica", una especie de "finca particular", en el seno mismo de la escuela pública. Ni el católico como individuo (y mucho menos la Iglesia en tanto comunidad) tiene en la escuela mayores prerrogativas ni derechos que el resto de los ciudadanos. Su presencia en la escuela debe estar sometida al mismo baremo de los derechos humanos que son patrimonio de todos. La única particularidad del cristiano emergerá de la calidad de su propio testimonio personal.

En consecuencia, la "apuesta por la superación" de estos problemas obsoletos, que siguen generando privilegios, discriminaciones y agravios comparativos, pasa, como mínimo, por la exigencia de "un consenso" que evite la consiguiente degradación continua a que se está sometiendo este aspecto que juzgamos importante en la formación de nuestros jóvenes. Pedimos, en este sentido, a los católicos que militan en el PP que hagan cuanto les sea posible para paralizar y rectificar a tiempo este "mal proyecto". Nos gustaría que este mismo Gobierno de PP, tan cercano a la Iglesia jerárquica en tantos otros aspectos, le ayude a ésta a recuperar su dignidad desprendiéndose de todos los privilegios que mantiene acumulados en la enseñanza pública, originados en un pasado no tan diáfano. Lo decimos con toda claridad, la Iglesia católica debería renunciar ya, aquí y ahora, a su clase de religión católica en la escuela pública, que para mucha gente sigue siendo un antitestimonio del mensaje que intenta transmitir. Con esta renuncia, justa y necesaria, el Estado ganaría un buen espacio para simplificar el área de religión: un solo y mismo programa sobre el "hecho religioso" para todo el alumnado. Y, por su parte, la Iglesia misma ganaría en credibilidad y en libertad para anunciar el evangelio en una sociedad laica y plural como la nuestra.

                                                                   (EL PAÍS, 21/4/03)