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Una característica de la educación primaria y
secundaria en España es su polarización por clase social.
En general, el 30% de la población, de renta superior (burguesía, pequeña
burguesía y clase media profesional de renta alta), envía a sus hijos a las
escuelas privadas, mientras que el 70% restante (clase trabajadora y clase
media de renta media y baja) los matricula en la escuela pública.
Ni que decir tiene que existe permeabilidad entre los dos tipos de centros
escolares, de manera que hay niños de las clases pudientes que van a la
pública e hijos de las clases populares que van a la privada. Pero, en
general, hay una separación clara entre la escuela privada y la escuela
pública en España, según la clase social de los niños a los que sirven.
La escuela española es, pues, altamente clasista. En
realidad, según el último Informe Pisa sobre los sistemas
educativos de los países de la OCDE (el grupo de mayor desarrollo en el
mundo), España es uno de los países en los que la clase social de las
familias tiene mayor importancia a la hora de configurar las
oportunidades educativas de sus hijos. Es más, el mismo estudio señala que
esta acentuación de la división social es una de las causas más importantes
del escaso desarrollo educativo español.
Esta polarización social de la escuela se reproduce como resultado del enorme poder político y mediático del 30% de renta superior del país y de los poderes fácticos afines a este sector de la población, entre los cuales la Iglesia católica juega un papel clave: posee el 70% de los centros de enseñanza privada en España.
Esta identificación de clases pudientes e Iglesia ha sido una constante en la
historia de España, lo cual explica la hostilidad que grandes sectores de las
clases populares han tenido históricamente hacia la Iglesia católica. Sólo
cabe recordar que los condenables incendios de iglesias y conventos, que
tuvieron lugar los días después del golpe militar en 1936, fueron consecuencia
del conocido apoyo que le prestó la Iglesia española, que interrumpió un
Gobierno popular, democráticamente elegido, que había introducido el derecho
a la educación y convertido la escuela pública en el centro de la enseñanza
(hasta entonces controlada en su buena mayoría por la Iglesia).
LA POLARIZACIÓN social de la educación reproduce así la estructura de clases
del país. La mayoría de los grandes empresarios, banqueros, directores y
gerentes de las cajas de ahorros, legisladores, altos funcionarios de la
Administración, miembros de las Academias Reales, periodistas y creadores de
opinión, entre otros (lo que en terminología anglosajona se llama el
establishment) son productos de las escuelas privadas (y envían sus hijos
a las escuelas privadas), mientras que la gran mayoría de sindicalistas,
trabajadores y miembros de las clases populares han sido educados en las
públicas.
La escuela consolida de este modo una de las estructuras sociales más rígidas
y con menos movilidad social existente hoy en la Unión Europea de los Quince.
Los recursos por alumno son un 32% mayores en las escuelas
privadas de la Iglesia que en las públicas, y ello, en gran parte, debido a
las subvenciones que las primeras reciben del Estado (2.700 millones de euros
al año). Estas ayudas son justificadas por parte del Estado y por parte de la
Iglesia, por, entre otras razones, la necesidad de garantizar con fondos
públicos el derecho de los padres que deseen dar formación religiosa católica
a sus hijos. Es éste un derecho escrito en la Constitución española como
consecuencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras tuvieron en
el proceso de transición de la dictadura a la democracia (un derecho
inexistente en gran parte de las constituciones de los países democráticos
vigentes en el mundo), y que el Gobierno socialista respeta continuando tal
financiación.
El punto al que la Iglesia y las clases pudientes (y los
instrumentos políticos de las derechas, desde el Partido Popular en España a
los nacionalistas conservadores en Catalunya) se oponen con gran agresividad
es a que se tomen medidas para que se diluya la acentuación de la división
social de la educación española (que se basa en la selección por parte de las
escuelas privadas del alumnado por clase social), impidiendo que tales
escuelas privadas continúen escogiendo a sus alumnos -excluyendo a niños de
las clases populares, incluidos los inmigrantes (que necesitan mayores
recursos para su integración)-, tal como está ocurriendo hoy.
ÉSTA ES LA cuestión clave de la conflictividad presente. Es una lucha
de clases encubierta en la que la Iglesia, una vez más, defiende
a ultranza sus privilegios. La mal llamada escuela privada
(la auténticamente privada es únicamente un 5% de toda la escuela en España)
está financiada públicamente y antepone los
intereses particulares sobre los generales, no actuando como un
componente del sistema público educativo. Por otra parte, el bajo gasto
público en educación es también consecuencia del poder de las clases pudientes
(que envían sus hijos a la escuela privada y que se oponen a pagar más
impuestos para aumentar el dinero público invertido en educación), y que creen
erróneamente que no les afecta la escasez de recursos de la enseñanza pública.
En realidad, la calidad de la escuela privada concertada depende de la calidad
que posea la pública, tal como señala el Informe Pisa. La reforma educativa de
los gobiernos progresistas tiene que, además de incrementar sustancialmente el
gasto público en educación, eliminar esa polarización social que está
reproduciendo una estructura totalmente clasista que afecta negativamente la
calidad del sistema educativo.