El pasado 29 de Julio, las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT publicaron una nota por la que comunicaban el acuerdo que habían alcanzado con la Consejería de Educación por el que se ampliaba “la plantilla de profesorado de los centros docentes públicos, para el curso escolar 2021/22, en 4.600 docentes”. Lo calificaban como “un buen acuerdo” y afirmaban que era un “importante logro que favorecerá, tanto las tasas de éxito escolar, como el adecuado funcionamiento de los protocolos sanitarios que hacen de nuestros centros educativos, entornos seguros para todos los miembros de la comunidad educativa.” Por supuesto la Consejería de Educación así lo publicitó también a los cuatro vientos y el acuerdo recibió el beneplácito, a través de sus redes sociales, de otras organizaciones profesionales como ASADIPRE o USIE. Otros sindicatos como CCOO y USTEA manifestaron tajantemente su oposición y negativa a dicho acuerdo así como organizaciones sociales de padres y madres como FAMPA Sevilla “Nueva Escuela”.

Para valorar acuerdos de este tipo, REDES propone un ejercicio de memoria que sitúe estas decisiones en sus verdaderos términos y así se pueda evaluar su impacto real cuando comience el próximo curso. En el curso 20-21, según nuestras informaciones, se incorporaron alrededor de 7.000 docentes para afrontar las graves consecuencias de la pandemia en los centros educativos andaluces. De acuerdo con lo que ha publicado la propia Administración, para el próximo curso 21-22, se van a mantener los mismos protocolos sanitarios que el curso anterior, seguirá existiendo el coordinador-covid e, incluso, como dice la nota de los sindicatos firmantes, se “mantiene también, el principio general de la realización telemática de la parte no lectiva de obligada permanencia, del horario laboral del profesorado”. Por supuesto, junto a todo ello, no se reducen en absoluto las ratios de alumnado establecidas. Es decir que para un nuevo curso con las mismas exigencias y dificultades sanitarias y educativas del curso pasado, donde había 7.000 docentes más, ahora habrá 4.600, lo que supone una reducción del 34%. Ello quiere decir, en términos concretos, que centros que el año pasado recibieron tres profesores, como refuerzo COVID, el próximo Septiembre recibirán uno; o los que recibieron, cinco ahora serán dos. Recibirán, por tanto, menos profesorado para atender las mismas ratios de alumnado y organizar un curso con los mismos protocolos sanitarios del curso pasado.

¿Un buen acuerdo? ¿Un importante logro para la educación pública? A la luz de los datos expuesto, REDES sostiene todo lo contrario ya que estamos ante una importante reducción de profesorado respecto al curso pasado para atender un curso de similares características. Las negociaciones se ganan, se pierden o acaban en tablas y así deben presentarse a la opinión pública. Lo que no es admisible es presentar como bueno o importante un acuerdo que es una clara reducción. Disfrazar y vender un recorte del profesorado de más de un tercio como si fuera un aumento de plantilla lo puede hacer la Administración sirviendo a los intereses políticos de quien la dirige, pero a ello no debería colaborar cualquier sindicato u organización que realmente defienda a la educación pública.

ASOCIACIÓN REDES

5 de Agosto de 2021