Riesgos laborales privatizados

Fuente de la foto: www.moir.org.co

En la Consejería de Educación están que no caben en el pellejo por lo bien que se lo han montado con todo el asunto de la prevención de riesgos laborales en los centros educativos. Por fin le han metido mano a un tema que desde hace ya casi una década trae a los responsables de colegios e institutos por la calle de la amargura, porque se les pedía poseer, por ciencia infusa, unos conocimientos sobre una materia en la que hay criaturas que invierten años y años de estudios e incluso buena parte del futuro pan de sus hijos  pagando a precio de caviar iraní algún máster que otro acerca de, pongamos por caso, los riesgos derivados de hacerle el agujero a un dónut. Y lo han llevado a cabo de la manera acostumbrada: privatizando; bueno, en el argot de Torretriana lo prefieren denominar con un eufemismo: externalizando. 

De entrada, podría parecer buena idea contratar a profesionales especializados en el sector de la prevención de riesgos laborales para ayudar a los centros y a su personal a llevar a cabo en condiciones óptimas un cometido tan importante para cualquier trabajador como es cuidar de su salud laboral. Pero creo que es mejor idea desechar la privatización y dotar de personal propio al negociado de prevención en riesgos laborales. Un dato: en la Delegación de Sevilla trabajan en este servicio cinco personas para un total de más de 29 mil trabajadores; la ley dice que la ratio ha de ser de un técnico por cada mil trabajadores. A mí las cuentas no me salen. Y a la administración educativa tampoco deberían salirle, porque la empresa contratada, como es lógico, no funciona como una ONG y querrá obtener beneficios. Dejando a un lado que con las cosas de comer y de la salud no se juega, en el plano estrictamente pragmático-económico, la solución de la privatización se me antoja bastante más costosa que la de gestionar lo público desde lo público. Se trata de un desatino ideológico que se cura con buena voluntad política, respeto hacia tus propios empleados y fundamentalmente decencia. 

El plan de la empresa contratada y de la administración educativa tiene tres momentos: evaluación in situ de los centros por parte de un técnico especializado, formación del personal de la Junta (docente y no docente) en una sesión de una hora y poco pilotada telemáticamente por un profesional de la empresa y cumplimentación voluntaria de un cuestionario psicosocial enviado al correo electrónico de cada trabajador. 

Sobre el primer aspecto, nada que objetar, porque resultaría muy osado meterse en camisas de once varas en una materia sobre la que la mayoría de los docentes no tiene conocimientos. Sería algo así como si un grupo de hooligans quisiera intervenir en el funcionamiento del currículum, de una clase, de un centro educativo,…; bueno, esto está pasando, pero ya habrá ocasión de hablar de ello en otro momento. Centrémonos.

En lo relativo a la formación, sin embargo, algo podemos decir los docentes. Que el ponente lea un powerpoint no es quizá lo que más indicado para mantener la atención y el interés en un asunto de por sí algo árido. Esta circunstancia unida a la cantidad de obviedades por metro cuadrado de pantalla que derrocha el empleado de la empresa a lo largo de esta cita formativa deriva indefectiblemente dentro de los grupos de whatsapps en chascarrillos, bufidos de hastío, excursiones mentales y laborales, trucos de magia del género escapista, emoticonos escatológicos y, finalmente, en expresiones de alivio cuando se despide el ponente y se apaga la pantalla. Las caras de los participantes al día siguiente en los pasillos del centro educativo lo dicen todo sin decir nada. Los más osados, no obstante, lo verbalizan claramente con sintagmas del tipo ‘tomadura de pelo’ y ‘pérdida de tiempo’. Y es en este momento, en medio de la sala de profesores, en un despacho, en un aula,… donde surgen las primeras dudas. Una inquietud familiar recorre los pasillos de los centros: ¿esta actividad formativa no podría incluirse como riesgo laboral dentro del catálogo de factores que ponen en serio peligro el equilibrio mental y emocional del trabajador? Sin embargo, existe una preocupación más profunda: ¿acaso la administración educativa pretende con este engendro lavarse la cara y de paso justificarse con la ley? La empresa ha ofrecido formación en prevención de riesgos laborales a sus empleados, tal y como marca la normativa. Sí, pero de ínfima calidad, de dudosa utilidad y no se sabe exactamente a qué precio -y aquí no solo me refiero al del debe en la dignidad de los empleados de la Consejería de Educación-.

La tercera pata de este plan se refiere a la cumplimentación voluntaria de un cuestionario sobre riesgos psicosociales. Teóricamente, a través de él se hallarían datos fehacientes y objetivos para, por ejemplo, demostrar que la carga burocrática del profesorado es excesiva y que esta produce un estrés y una ansiedad tales que pueden tener consecuencias muy negativas en la salud de los docentes. Sin embargo, de este cuestionario difícilmente se puede extraer una conclusión como esta -ni de lejos parecida-, aunque desde dentro del servicio de prevención de riesgos laborales me aseguran que sí, que hay que leer entre líneas. Puede ser. No soy especialista en esta materia, pero me defiendo en lo relativo al uso de la lengua, de sus significados explícitos y de sus silencios. Y me mantengo en mis trece.

Por otra parte, las preguntas que componen dicha encuesta se amoldan mejor a una organización jerárquica, como lo es la empresa privada, que a un sector como el educativo en el que, en líneas generales, se mira más en horizontal que en vertical, prima el compañero sobre el ordeno y mando jerárquico. Además alguien sigue sin entender bien que en el sistema educativo, una vez que se sale de un colegio o de un instituto, eso que la encuesta denomina ‘jefe’ no tiene un rostro reconocible, se esconde tras la bruma de los despachos o se intenta diluir en una maraña de puestos intermedios. Estos paradójicamente les hacen el juego sucio a los jefes; mordiéndose la lengua en muchos casos, asumen su retórica ideológica y señalan con el dedo a los equipos directivos de los centros educativos como responsables de la escasa participación del profesorado en el cuestionario psicosocial que, como ya sabemos, es voluntario y tiende más a la engañifa y al fraude que a lo que a estos equipos directivos se les vendió en la reunión preparatoria con la empresa contratada para toda esta actuación. Pero además hay que añadir algo que desde las alturas no se tiene en cuenta, una obviedad: los miembros de los claustros suelen ser personas inteligentes. Se da el caso frecuente de que el profesorado que ha hecho la encuesta se ha sentido tan engañado, tan ofendido, tan indignado, que se ha corrido la voz en los claustros de que el cuestionario psicosocial era una farsa y, lógicamente, muchos han optado por esquivarla habilidosamente o simplemente ignorarla. 

Parece que en Torretriana no acaban de enterarse de que un centro educativo no es una empresa. No se puede plantear una intervención en educación como si estuviéramos en Toshiba o en Abengoa -o lo que quede de ella-. No hacemos tornillos ni zapatos ni componentes informáticos, no hay que cumplir unos objetivos de producción, nuestro alumnado y sus profesores no forman parte de una cadena de montaje,… no se pueden medir los resultados académicos como si estuviéramos hablando de una firma del IBEX35. Ese viejo mantra debería desparecer del imaginario de los responsables educativos. No se pueden aplicar los parámetros neoliberales al entramado educativo público; ni siquiera al privado o al concertado. 

Esto no es una novedad, no obstante. En los despachos de Torretriana y de sus filiales territoriales lleva mucho tiempo soplando este viento privatizador y neoliberal, pero desde que entró el nuevo gobierno no hay careta que valga ni disimulo ni pudor. El modelo educativo madrileño, pepero, ayusista en los últimos tiempos, se extiende en Andalucía manchándolo todo. 

Por otra parte, si los responsables educativos pensaran un poco en su propia dignidad, si es que no se plantean seriamente la de sus trabajadores, deberían bajar el suflé de su euforia y auditar quisquillosamente los servicios contratados. A nadie le gusta que le engañen. Dudo mucho que a la Consejería de Educación sí. El profesorado ya ha puesto pie en pared. Ahora le toca a la administración, aunque solo sea por el coste en dinero público de esta actuación. Pero incluso podrían ir más allá. Puestos a rectificar, sería interesante que cumplieran con la ley y contrataran, por ejemplo, a los 24 funcionarios que faltan en la Delegación Territorial de Sevilla para atender decentemente al conjunto de los trabajadores de la educación pública sevillana. 

¿O solo se trata de hacer el paripé? Esto sí que es un grave riesgo laboral para todos los empleados del sistema educativo andaluz.

Juan Carlos Sierra Gómez. Profesor de Lengua y Literatura, y Director del IES Pésula de Salteras. Su último libro es Ciclotímicos (Editorial Sílex).

2 comentarios en “Riesgos laborales privatizados”

  1. Se externaliza (se descapitaliza la educación pública) y se pierde una oportunidad, entre otras pérdidas, de convertir la cultura de prevención en un asunto transversal para toda la comunidad educativa.

  2. Totalmente de acuerdo con el artículo.
    No tuve el gusto de asistir a la formación descrita, ni a completar el cuestionario propuesto, pero confío plenamente en el criterio inteligente de mis compañeros de profesión.
    Lo triste es que siendo conscientes de las necesidades de los centros andaluces, veamos cómo se utiliza el dinero público en acciones infructuosas, con el único fin de completar un informe de cara a la galería .
    La pregunta sería quién se ha beneficiado de este hecho
    , porque parece ser que de manera unánime, a la comunidad educativa no le ha servido para mejorar nada.
    No trabajamos con latas de guisantes, ni fabricando lavadoras, así que mejor si se piensa en confeccionar una formación adaptada a la realidad de nuestro trabajo .
    Saludos

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