En nuestro sistema educativo andaluz están escolarizados alumnos/as diagnosticados con Trastorno Grave de Conducta (TGC). Las situaciones que vivimos con este tipo de alumnado en los centros educativos son complejas, de modo que sitúan este tema en una especie de limbo o encrucijada entre la invisibilización y lo escandaloso y con todos los síntomas de los problemas larvados que parecen estallar de pronto. Quizás eso sea lo paradójico: que parece que no están y de pronto aparecen con toda la crudeza devolviéndonos a la realidad; la cruda realidad de ellos/as y también la cruda realidad que generan en la vida escolar. Porque también ocurre que las respuestas al qué hacer con estos alumnos/as en nuestros centros quedan ahogadas entre la escasez de recursos, las rutinas y la burocracia que hacen que siempre vayamos por detrás. Porque son respuestas insuficientes y autojustificadoras para cualquier observador/a. Aunque quizás sea eso mismo; que partiendo precisamente de la observación de hechos y de su análisis se nos puede ir despejando el camino que nos conduzca a una acertada toma de decisiones desde los sectores implicados en este tipo de casos.
La descripción de hechos y observaciones que paso a detallar es fruto de la experiencia de cerca de ocho años trabajando con este tipo de menores en un centro educativo público y tiene la finalidad de aclarar qué pasa durante la escolarización de estos menores en los centros, qué respuestas damos desde el ámbito educativo, así como definir qué necesidades observamos que no están cubiertas en los centros para intentar así mejorar la calidad en la atención de estos niños/as.
En el interior de los centros educativos cada vez que hay una agresión de un/a menor de estas características a otro/a realizamos el procedimiento que recoge nuestro Plan de Convivencia; el cual se basa en el Decreto 328/2010. Este indica que ante una agresión grave hay que levantar parte de conducta gravemente perjudicial para la convivencia. En esta norma se regulan una serie de medidas disciplinarias que se pueden adoptar en los centros educativos para que una vez se les de trámite de audiencia a las familias para realizar alegaciones, se ejecuten estas medidas correctivas por el bien del menor. Pero, ¿qué ocurre cuando estas agresiones vienen realizándose de forma continua por menores con TGC? Que esas medidas correctivas no son ni realistas, ni del todo útiles, para atajar el problema porque precisamente la problemática de estos tiene que ver con su incapacidad para resolver problemas de forma adecuada.
Además de la charla tanto con el/la menor en cuestión como con los familiares, aquí hay que realizar una labor de pedagogía para con el profesorado del centro y con el resto del alumnado, ya que hay que dar pautas de cómo actuar ante situaciones de crisis de estos niños/as, sobre todo en los tiempos en común (uso de baños, recreos, …) ; y sobre todo dar a entender que el menor con TGC tiene dificultades precisamente en este aspecto de la resolución de conflictos como otro/a alumno/a pueda tenerlo con cualquier otro tipo de carencia.
Así, nos encontramos en el día a día de la vida escolar que en ocasiones los delegados/as de padres y madres vienen pidiendo una reunión con carácter de urgencia a las direcciones de los centros para poner fin a estas agresiones. O en otros casos se trata de familias que vienen a realizar una gestión burocrática al centro y que de pronto se encuentran presenciando la reducción o el bloqueo al menor tras entrar en crisis aguda y se preocupan y asustan; de tal modo que desde la Dirección del centro les tenemos que contar y explicar la idiosincrasia de estos menores, así como todas las medidas que se vienen adoptando en cuanto a recursos personales (Orientador/a, PT, PTIs..) que se ponen a disposición del centro para intentar que estas situaciones se produzcan con el mínimo impacto posible en el futuro.
Si además ocurre que ese menor es usuario/a de alguno de los servicios del Plan de Apertura, la cosa se complica, ya que la actuación y el margen de maniobra del centro, al ser fuera del horario lectivo, depende de terceros y eso contando con que demasiado hacen ya los/las monitores/as al cargo del menor durante el aula matinal, comedor escolar o actividades extraescolares; pues necesitarían una cierta formación específica. Aunque también se da el caso de que a pesar de todas estas dificultades se hace muy conveniente realizar una reunión con estos profesionales del Plan de apertura para ir definiendo y concretando el protocolo de actuación en caso de crisis agresiva del menor en cuestión; y de que normalmente los menores con TGC cuentan con un monitor/a extra para atenderlo durante este tiempo, sobre todo en el servicio de comedor, finalmente día sí y día también acaban llamando a la Dirección del centro y ésta no tiene otro remedio que avisar a los familiares del alumno/a para que cuanto antes recojan al menor del centro educativo.
Por otro parte, independientemente de si el caso en cuestión está escolarizado en modalidad B (aula de apoyo a la integración) o C (aula específica), es conveniente realizar un plan de actuación en caso de crisis aguda, a la vez que entablar una estrecha coordinación, tanto con el EOE especialista en conducta como con los Servicios Sociales Municipales, caso de necesitar la familia ayuda extra. Si además ocurre que el caso está en manos de Salud Mental, el menor puede estar medicándose, ya que hay casos que mejoran el mecanismo de filtración de lo que se debe o no hacer (recordamos aquí a Freud, la problemática en estos casos es que el Superyó tumbe al Yo y que las normas sociales y de convivencia no hagan el trabajo que tiene que hacer limitando al Yo a una personalidad socialmente normalizada), convirtiendo al menor en cuestión en un problema de convivencia de cara al futuro.
En el peor de los escenarios, también observamos que la situación puede verse desbordada si en el entorno familiar hay dificultades a la hora de enfocar el problema, haciendo este insostenible la convivencia fuera del horario lectivo; el menor con TGC lleva en su genética esta dificultad y muchas familias acuden a los Servicios Sociales Municipales y este deriva el caso al Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) ante la imposibilidad de hacerse cargo sin una guía y tutela de cómo afrontar la educación de su hijo/a. Así que también observamos, que desde los centros educativos tenemos que tener una actitud de comprensión ante la impotencia de muchas familias que se ven sometidas a mucha presión social, ya que no pueden hacer vida normal cuando salen a distintos eventos sociales: familiares, deportivos, celebraciones, etc.
De modo que nuestra conclusión no puede ser otra que la de pensar que los centros educativos que escolarizan a estos menores necesitan urgentemente de herramientas puestas al servicio de los mismos para atajar esta problemática y no demorar la respuesta educativa y los medios precisos para poder atenderlos mejor. Llamemos y concretemos estas herramientas en: monitor/a PTis a tiempo completo desde el minuto uno , intervención del EOE y EOE especialista en conducta tras diagnóstico del caso, intervención de Servicios Sociales caso de requerirlo el entorno familiar y del Equipo de Tratamiento Familiar para acompañar a la familia, intervención de Salud Mental caso de prescripción de medicación y seguimiento, coordinación de todos estos sectores entre sí…
Y todo ello sin olvidarnos de la necesidad y obligación de sensibilizar a toda la comunidad educativa en el reconocimiento, la comprensión y el afecto , hacia estos niños/as; pues una parte de la resolución del problema y de la atención que necesitan es que se sientan integrados socialmente con sus compañeros/as. También llamar insistentemente y sin desaliento a las puertas de quienes detentan el poder para exigir que quienes tienen la posibilidad de dar respuesta para mejorar la calidad educativa de estos/as alumnos/as actúen con urgencia. Porque es así: de todos/as depende que estos/as niños/as no sigan siendo los grandes olvidados del sistema educativo.
Maestro y Director del CEIP Manuel Castro Orellana (Villanueva del Ariscal )