La aparición en la sección de Andalucía de EL PAIS
del 17 de Mayo de una carta al director firmada por D. Gonzalo Guijarro Puebla,
profesor de Educación Secundaria del Instituto Cerro del Viento de Benalmádena,
en donde hacía diversas consideraciones sobre el absentismo y el fracaso
escolar en su centro y rebatía las opiniones dadas con anterioridad por la
Directora General de Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Dña.
Pilar Ballarín, ha ocasionado una serie de consecuencias que pueden calificarse
de imprevisibles y graves: El profesor recibe sendas visitas de dos inspectores
de educación en las que se le coacciona por su actitud y se le amenaza con
abrirle un expediente disciplinario (EL PAIS, 18-6-2002), escrito firmado por 99
profesores de cinco institutos sevillanos en las que plantean interrogantes muy
serios sobre el funcionamiento de las Delegaciones Provinciales y de la Inspección
Educativa al tiempo que exigen la apertura
de una investigación para exigir responsabilidades (EL PAIS, 24-6-2002) y, por
último la dimisión del Delegado de Educación de Málaga la cual carece aún
de una explicación exhaustiva y suficiente a juicio de las reacciones de
centros, sindicatos, asociaciones de padres…de la propia provincia de Málaga.
La Asociación REDES (Renovar la Educación, Defender la Enseñanza),
formada por profesionales de la educación de distintos ámbitos (profesores de
Primaria, Secundaria y Adultos, inspectores de educación, profesores de la enseñanza
pública y concertada…), independientemente de su grado de acuerdo con el análisis
de fenómenos tan importantes como el absentismo o el fracaso escolar y de su
apoyo total a que se esclarezca completamente lo sucedido y se deriven las
responsabilidades correspondientes, desearía subrayar especialmente la defensa
y la imperiosa necesidad de una Inspección Educativa con criterios autónomos
profesionales cuyo ejercicio es incompatible con lealtades
mal entendidas al poder político de turno. La única lealtad exigible se
referirá a las leyes democráticas que, en el ámbito educativo, garantizan el
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos de los cuales la Inspección
debe ser garantía de su cumplimiento, al tiempo que evalúa el funcionamiento
del sistema y colabora en su calidad.
Nos consta que muchos profesores, padres, alumnos e ¡inspectores de
educación! defienden y trabajan por una Inspección Educativa profesional y autónoma
de la que, en ocasiones como la que nos ocupa, sólo desconfía o usa con fines
personales y/o partidistas un poder político que confunde a los discrepantes
con los enemigos y pretende usar en provecho propio un colectivo de
profesionales que debe estar al servicio del conjunto de la sociedad.
PEDRO E. GARCÍA BALLESTEROS
(Presidente de la Asociación REDES)
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