Desde la aprobación de la Constitución española en 1.978 y tras varias sentencias del Tribunal
Supremo, aún se considera un problema pendiente dentro del mundo de la educación la función
y los cauces de la enseñanza de la religión, desde un punto de vista confesional, dentro de la
enseñanza pública inscrita en el marco de un Estado laico. De la antigua alternativa
Ética-Religión, consideradas ambas como asignaturas evaluables como las demás, se ha
pasado a la situación actual: Religión no evaluable y enseñanzas complementarias como
alternativa. Recientemente, ha aparecido en los medios de comunicación un proyecto de
Decreto por el que se volvería a una situación parecida a la mencionada en primer lugar: La
Religión y su alternativa (ahora llamada Valores Cívicos) serían asignaturas evaluables en pie de
igualdad con el resto.

El documento que se presenta a continuación, realizado por un catedrático de Filosofía
perteneciente a la Asociación REDES, tan sólo pretende establecer un debate sobre la cuestión
y un primer eslabón para el posicionamiento de la Asociación en torno a este tema. Este tema
será objeto de debate en la reunión anunciada al efecto y asimismo podrán mandarse opiniones
al respecto a la dirección electrónica asociacionredes@telefonica.net de la página web
http://redeseducacion.net En esta dirección encontrarás artículos de prensa recientemente
aparecidos sobre este tema y el borrador de Decreto preparado por Ministerio.
 

LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE
ENSEÑANZA

lQue veinte años no es nada...¡ Sobre todo en aquellos problemas que, por no atajarlos a
tiempo, tienden a cronificarse, cuando no -como el que nos ocupa- a experimentar virulentas
regresiones

Desde que la aprobación de la Constitución hiciera inviable el secular monopolio de la iglesia
católica sobre las conciencias y pusiera algún coto al proselitismo que había convertido la
escuela en "tierra de misiones", poco y mal hemos avanzado.

!Qué arrojo el de aquel gobierno de la U.C.D.¡ Tuvo que convencer a la Conferencia
Episcopal de -nada menos- que nuestra nueva Ley Fundamental reconocía el derecho a la
libertad de conciencia y, por tanto, no podía proseguir con su celo salvif ico sin la previa
aquiescencia del interesado. Poco le pareció que, no tanto por mandato constitucional como
por una libérrima interpretación del famoso Concordato, estuviese garantizada la cesión gratuita
de las aulas escolares para la catequesis del alumnado creyente, impartida por quienes la
jerarquía católica estimase conveniente, y pagados con el dinero, no de los feligreses, sino de
todos los contribuyentes.

A regañadientes aceptaron que la Ética (esa cosa que según el arzobispo Elias Yanes era
previsible que se transformara "en un arma ideológica manejada por partidos de inspiración
marxista". !Mentira parece que hoy la añoren tanto y pretendan erigirse en su paladín¡) fuese la
asignatura alternativa abligatoria para quienes no aceptasen ser catequizados.
Malacostumbrados por el mimo histórico con el que han sido tratados -!qué buenos tiempos
aquellos del nacionalcatolicismo¡-, poco les parecía lo que hoy constituye su caballo de batalla:
que los que osen despreciar el Cielo, al menos no se vayan de rositas en la tierra. Con ello
dejan bien a las claras que no les preocupa tanto el tan invocado derecho a recibir una
formación religiosa (entre otras razones porque nunca ha estado amenazado; y hoy menos que
nunca, pues el marco constitucional es su mejor garante) como el enfermizo empeño en poner
deberes a quienes no se sienten llamados a ejercer tal derecho.

Quizás debiera mover a lástima el hecho de que para convencer de lo atractivo de su mensaje
no encuentren mejor argumento que el de exigir alternativas más intimidadoras. Lo que sí mueve
a indignación es que un Estado aconfesional se preste al juego y colabore en la estrategia.

Para colmo de sus males (la avaricia rompe el saco), sucesivas sentencias del Tribunal Supremo
vinieron a establecer que la Ética no podía seguir siendo la alternativa a las clases de Religión,
pues la actividad alternativa no podía ser evaluable, ni ocuparse de materias curriculares, ni
consistir en estudio asistido o en el libre uso de ese tiempo libre. (Puestos a colaborar, bien
podría el Tribunal haber sentenciado a favor de la hibernación transitoria de los alumnos no
creyentes, garantizando así que éstos no adquieran ninguna ventaja académica mientras sus
compañeros asisten libre y voluntariamente a las clases de Religión).

Así las cosas, la Conferencia Episcopal ha visto en el Gobierno del actual inquilino de la
Moncloa la sensibilidad y connivencia necesarias para reconducir el asunto en la dirección
deseada. Corren, pues, tiempos de ofensiva: Elaborado y hecho público está el borrador del
proyecto de Real Decreto que vendría a colmar las aspiraciones de la Iglesia ("!Oialá fuese
verdad tanta belleza¡", llegó a exclamar el obispo Juan José Asenjo) y, con ello, el cúmulo de
errores y despropósitos que arrastra esta historia. Se pretende:

1º - Consagrar que la catequesis católica sea una asignatura evaluable... !Como si les pareciera
poco la comparecencia ante el Altísimo¡
2º - Consolidar la imprescindible existencia de una alternativa laica a la catequesis católica...
cuando su única alternativa es otra catequesis igualmente confesional.
3º - Continuar la anacrónica intromisión -servida en bandeja por la irresponsable dejación de
soberanía de los poderes públicos- que les ha permitido dictar parte del quehacer docente de
no pocos profesores... Como si las decisiones educativas de los poderes públicos necesitaran
de su nihil obstat.
4º.- Enmarañar -más, si cabe- el problema, cantando las bondades de la inexcusable
alternativa: formación cívica, estudio científico -sociológico, histórico, filosófico- del hecho
religioso... Cuando son ellos los únicos por convencer; los demás lo estamos tanto que
consideramos inadmisible que las inequívocas excelencias de esos conocimientos sean sólo
para disfrute de aquellos alumnos que no compartan sus creencias.

Ante esta situación y perspectiva, los miembros del grupo REDES pensamos que veinte años
deben de ser suficientes para que las autoridades educativas tomen en serio el mandato
constitucional en lo que a la formación religiosa atañe:

1º El derecho a recibir dicha formación por parte de unos no puede generar ningún deber para
aquellos otros que no quieran ejercerlo. Sólo, no ya desde una divergente interpretación del
art~ 16.3, sino por su olímpica ignorancia puede sostenerse la actual situación.

2º La Constitución, en su artº 27.1 y 2, no sólo reconoce a todos el derecho a la educación,
sino que estable que el objeto de ésta -para todos, se entiende- es "el Pleno desarrollo de la
personalidad humana". No cabe pretender que de las enseñanzas que se arbitren a tal fin
queden exentos aquéllos que quieran instruirse en sus convicciones religiosas.
 

Autor: Práxedes Caballero Rísquez, catedrático de Filosofía del IES Mateo Alemán de San
Juan de Aznalfarache.

 

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