Gracias a Del Castillo, hemos caído en fórmulas más confesionales que las de Franco.                              

                                                      [EL PAIS, 19/5/02]

CUANDO ELABORÓ y publicó, hace dos meses, su Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación, el equipo del Ministerio de Educación, con su ministra al frente, olvidó el lugar que a la religión reservaba en los distintos niveles de enseñanza obligatoria; es que ni se mencionaba la religión en las decenas de folios del documento; nada, ni una palabra. Daba la impresión de que, ante el temor de reabrir el eterno debate sobre la enseñanza de la religión católica en las escuelas, se hubieran dicho para su magín: mejor no tocarlo, mejor dejarlo como está.

Pero inmediatamente después de que los atentos ojos episcopales repararon en el olvido, comenzaron los lamentos y las muestras de victimismo, como si hubiéramos vuelto a los días del Imperio Romano, o de la República, que no se sabe qué fue peor. La ministra, entonces, se puso a pensar, o eso fue lo que dijo: estamos pensando. Mientras se dedicaba a tan productiva tarea, no perdió ocasión de tachar de irresponsables y demagogos a todos los que manifestaban pensamientos en una dirección no ya contraria, sino distinta a lo que ella y su equipo iban dejando caer. Terminada la fase de pensamiento, globos sonda e insultos, pasó a la acción, con un resultado que nadie, ni siquiera los más pesimistas, se había atrevido a conjeturar: la ministra Del Castillo había pensado en un mes lo mismo que el cardenal Rouco venía pensando desde hace más de diez años.

Eso que la ministra y el cardenal habían pensado quedó plasmado en el Anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación, aprobado esta misma semana por el Gobierno. Consiste el invento en crear un área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, añadida a la lista de materias obligatorias de la ESO y del Bachillerato. La tal área o asignatura se cursará de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda, en la que la ministra, no satisfecha con haber pensado lo mismo que el cardenal, se pone, o pone al Estado, de rodillas ante los obispos y les entrega su docencia al establecer dos 'opciones de desarrollo': una de carácter confesional, otra de carácter no confesional. Las decisiones sobre currículo y profesorado de la primera opción corresponden a las llamadas 'autoridades eclesiásticas'; la segunda corresponde al Gobierno.

Verlo para creerlo. Es inconcebible que un ministerio de un Estado no confesional reconozca por ley orgánica la posibilidad de una 'opción confesional' de un área llamada Sociedad, Cultura y Religión. La denominación del área o asignatura ya se las trae, sobre todo si se tiene en cuenta que los artífices del hallazgo son catedráticos en facultades de Ciencias Políticas y Sociología. Pero lo realmente incomprensible es que un equipo ministerial dirigido por distinguidos científicos sociales conciba la posibilidad de una 'opción de desarrollo de carácter confesional' de un área de ciencias sociales. Vergüenza les debería dar haber ocultado bajo conceptos cargados de historia -sociedad, cultura, religión- lo que, si se denominara por su verdadero nombre, no tendría cabida en un Estado cuya norma fundamental es una Constitución no confesional.

Pues el nombre verdadero de todo esto es catequesis católica, no religión, mucho menos cultura, menos aún sociedad. El cardenal, que sabe bien de qué va toda esta historia, se mostraba eufórico el otro día, con razón: ha conseguido todo lo que 'venimos pidiendo hace más de una década'. Todo y algo más: ha logrado que una ley orgánica de un Estado que se dice no confesional reconozca a las 'autoridades eclesiásticas' el insólito poder de administrar, en todos los centros escolares, una opción confesional en el campo de las ciencias sociales. Se comprende que otro obispo, más hipocritón, susurrara: no hay que mostrarse demasiado triunfantes, no vaya a ser que la oposición se soliviante.

SEVILLA, MAYO DE  2.002
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