Parece a todas luces evidente que la actuación del Ministerio del Interior, con Grande-Marlaska a la cabeza, referida a la expulsión/devolución a Marruecos de unos 700 menores, sin respetar las garantías de las que por ley son depositarios, tanto en nuestro propio Derecho nacional como en el internacional, es a todas luces impropia e insoportable para cualquier gobierno, tanto más para uno que quiere y aspira a ser de “progreso”. Añádase a todo ello el intento de “colar” estos hechos en plena sordina vacacional, que llega a rayar con la indiferencia moral, ante unos hechos escandalosos que, por si hubiera alguna duda, solo han sido apoyados por VOX.
Aunque REDES suele comentar normalmente temas educativos, en este caso, al afectar directamente a los derechos de menores en edad escolar, creemos que es obligado y necesario pronunciarnos como organización que no es indiferente ni equidistante ante políticas que afectan a los derechos humanos y, en especial, a los derechos de los menores.
Independientemente de cómo han violado los hechos descritos nuestra propia legislación nacional y sobre los que el propio Defensor del Pueblo y la Fiscalía han alertado, deseamos denunciar especialmente el incumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España en 1990: El artículo 2 obliga a los Estados firmantes que deberán respetar “los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.” Y por si hubiera alguna duda sobre los métodos expeditivos usados por el ministro, el artículo 12 dice taxativamente: “se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”.
Vivimos tiempos difíciles para los derechos humanos en el mundo por lo que debemos ser radicalmente exigentes con su cumplimiento, en especial cuando se trata de menores. Dicha exigencia es mayor para un ministro que además es juez y que dice pertenecer a un gobierno progresista. Si ante el intento de deportación de 700 menores por la vía rápida, que ya han sufrido doblemente el abuso y la marginación, aceptamos la misma lógica que otros tipos de gobierno, claudicamos éticamente y perdemos los horizontes de dignidad a la que todo ser humano tiene derecho.
ASOCIACIÓN REDES
20 DE AGOSTO DE 2021
